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MÁS DE 45 MILLONES DE DÓLARES EN PLAGUICIDAS ILEGALES, FALSIFICADOS, ADULTERADOS E INCLUSO MEZCLADOS

APIA e IBCE advierten:

Un 15% del comercio de plaguicidas en el mundo corresponde a productos ilegales, según la Agencia de Naciones Unidas Contra el Crimen Interregional (UNICRI), dependiente de la ONU. En Bolivia la situación no es diferente. La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), informaron hoy que un volumen mayor al 14% -en relación al total de importaciones legales de agroquímicos- son plaguicidas ilegales, falsificados, adulterados e incluso mezclados que se comercializan en el país por un valor superior a los 45 millones de dólares, con pérdidas en recaudaciones por 6,5 millones dólares, según el estudio “Comercio Ilegal de Plaguicidas en Bolivia”, presentado en la fecha. La comercialización ilegal de estos insumos representa no solo un riesgo real sino letal para la salud de los productores agrícolas, el medioambiente, los propios cultivos y la economía nacional. Estos productos fraudulentos provocan además una distorsión del mercado por sus bajos precios y como no son aprobados, contienen componentes desconocidos y peligrosos, siendo vendidos en condiciones que no garantizan su seguridad o eficiencia.

El prestigioso economista Gonzalo Vidaurre fue el encargado de realizar la investigación, la mismo que fue presentada en el Foro “Comercio Ilegal de Plaguicidas en Bolivia: Un atentado a la salud, al medio ambiente y a la economía”, realizado el 12 de diciembre de 2019 en Santa Cruz, con el respaldo de CropLife Latin America, la Comisión de Aduana y Facilitación del Comercio de la Cámara de Comercio Internacional (COMAD – ICC Bolivia), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), y el auspicio de CARGILL BOLIVIA S.A. En el evento, al que asistieron alrededor de 100 personas, destacó la presencia del Secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, quien ponderó la realización el estudio presentado y comprometió un trabajo con los sectores involucrados en aras de desmontar dicho negocio y precautelar la salud ciudadana. Asimismo, aseguró: “nosotros tenemos la obligación como sector público de generar certidumbre, para que la adquisición de agroquímicos sea más eficiente y confiable para los productores”. Asistieron al evento representantes del Colegio Médico y de Agrónomos; ABT, SENASAG, CIAT, CAPPO, Comité Cívico Femenino, Cámara de Transporte, APRISA, actores del sector privado, la academia y medios de comunicación.

El estudio, que pretende poner sobre el tapete esta temática, apunta a establecer sinergias público-privadas con las entidades involucradas así como desincentivar el contrabando de plaguicidas perfeccionando los mecanismos de “trazabilidad”; propone también el fortalecimiento de las entidades estatales inmersas en la problemática; y, educar al consumidor en el marco de la “Campaña de Concienciación Ciudadana Anticontrabando y por la Facilitación del Comercio Exterior” que IBCE y COMAD - ICC BOLIVIA lanzaron en agosto del año en curso.

CONTRABANDO DE AGROQUÍMICOS SE CONCENTRA EN SANTA CRUZ

El economista Gonzalo Vidaurre dio a conocer en el Foro los impactantes resultados de su investigación “Comercio Ilegal de Plaguicidas en Bolivia”, enfatizando en lo delicado del tema por sus connotaciones económicas y de salud pública. “Bolivia se caracteriza por importar plaguicidas de diversos países, siendo el 63% destinado al sector agropecuario, 25% al comercio, 11% a la industria y 1% a otras actividades. Particularmente zonas agrícolas en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, se inundan de plaguicidas falsificados peligrosos para la salud, generando elevadas pérdidas económicas para el productor agropecuario y un severo daño al medio ambiente”, dijo.

Dijo que el estudio presta especial atención a Santa Cruz -por el número de productores, superficie cultivada y producción agrícola- aportando con más del 70% de los alimentos que se consumen en el país, lo que hace que la demanda de agroquímicos se concentre en esta importante región, destacando que entre 2010 y 2018 el número de unidades productivas agropecuarias subió a 105.000, la producción de alimentos creció a 14,4 millones de toneladas gracias a una superficie cultivada de 2,7 millones de hectáreas.

ACTIVIDAD DELINCUENCIAL

Jean Pierre Antelo Dabdoub, Director Secretario del IBCE y Presidente de la Comisión de Aduana y Facilitación del Comercio de la Cámara de Comercio Internacional (COMAD - ICC BOLIVIA), afirmó en relación a la temática del Foro: “que no es un tema más, no es un mal menor, sino uno de la magnitud del crimen organizado, asociado a una ilegalidad que tiene en poco la salud de las personas. Lastimosamente, los falsificadores de plaguicidas comercializan inescrupulosamente productos sin procesos de evaluación, provocando también efectos negativos en el medio ambiente”.

Dijo que la investigación contribuirá con el diagnóstico y las sugerencias planteadas a una solución de la problemática: “Esperamos que este aporte sea bien recibido por las autoridades, ya que solo con una buena coordinación y un trabajo integral público-privado se podrá avanzar hacia una solución, no parcial, sino definitiva”, concluyó.

"CERO TOLERANCIA" A LA FALSIFICACION, ILEGALIDAD Y CONTRABANDO

El Presidente de APIA, Ing. Juan Mario Rojo Saucedo, explicó en la ocasión que “la importación, venta y comercialización de los plaguicidas que no cuentan con un Registro y la Certificación del Padrón Fitosanitario son ilegales, toda vez que los mismos no han sido sometidos a ninguna norma de seguridad en laboratorios acreditados, que certifique la calidad, eficacia y eficiencia de los insumos, haciendo de esto una peligrosa amenaza para la salud del agricultor, la cadena alimenticia, el medio ambiente y la economía”.

Respecto al estudio señaló que es un gran aporte hacia el fortalecimiento de la normativa vigente y encarar acciones para contrarrestar dicho mal. “Como representantes de la Industria de la Ciencia de los Cultivos en Bolivia, reiteramos nuestro compromiso con la Política de Cero Tolerancia a la falsificación, ilegalidad y contrabando de plaguicidas”, dijo el Presidente de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA).

PRINCIPALES EXPRESIONES Y CONCLUSIONES

El Moderador del Foro, Jean Pierre Antelo Dabdoub, destacó lo siguiente:

Los participantes destacaron la realización el Foro organizado por APIA e IBCE, dado que aportó con abundante información en relación a la temática abordada.
El autor del estudio “Comercio Ilegal de Plaguicidas en Bolivia” fue felicitado por su gran aporte investigativo al conocimiento de la problemática encarada.
Se recomendó trabajar sinérgicamente sector público (Ministerio de Salud, Ministerio de Medioambiente, MDRyT/SENASAG, INIAF, Aduana Nacional y otras entidades) y sector privado (casas comerciales y consumidores) para facilitar la importación legal de dichos insumos, y educar al productor respecto al peligro de utilizar insumos no garantizados.
Existe preocupación por la falta de normativas que provocan ausencia de control del comercio informal de plaguicidas en el área rural donde se producen los alimentos que se consumen en las ciudades.
Preocupa la ausencia de las autoridades del sector salud en inspecciones de establecimientos que comercializan ilegalmente plaguicidas.
La falsificación, la adulteración y la manipulación de la fecha de caducidad de los agroquímicos son un crimen que la autoridad competente debería sancionar.
Hay que minimizar la entrada de plaguicidas falsificados e ilegales a través de una mejor cooperación entre las autoridades aduaneras, fitosanitarias y fronterizas.
Empoderar a los funcionarios de Aduanas para detener los productos en tránsito, sobre la base de documentación falsa e incompleta o duda razonable de su ilegitimidad.
Crear un Observatorio de Control, Registro y Monitoreo de Contrabando y Falsificación, no solo de agroquímicos, sino de otros productos que son susceptibles de falsificación.
Organizar campañas de concienciación en una alianza público-privada, sobre la amenaza a la salud y la agricultura que presenta el contrabando de agroquímicos.
Apoyar las iniciativas de los gremios privados en cuanto al fomento del conocimiento para con sus proveedores y evitar así, la compra de comercializadoras clandestinas.
Se recomendó poner en conocimiento de las autoridades lo debatido en el Foro a fin de propiciar acciones conducentes a la superación de la problemática analizada.